Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso la aplicación de mecanismos alternativos de justicia y extinción de dominio para recuperar recursos públicos en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La carpeta de investigación federal acumula 46 meses sin registrar avances procesales en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal fijó su postura respecto a la omisión de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que desde julio de 2022 no ha remitido la solicitud de juicio de procedencia a la Cámara de Diputados. El desglose financiero del expediente indaga la adquisición de bienes inmuebles de alta plusvalía ubicados en el estado de Campeche.
La mandataria expuso que la retención del expediente penal en las oficinas de la extitular de la fiscalía anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, debe ser aclarada de forma exclusiva por la FGR. El análisis operativo del caso revela que el desafuero no ha sido turnado a la Sección Instructora del Congreso de la Unión, lo que paraliza la acción penal en contra del legislador y presidente partidista.
El planteamiento de la Presidencia de la República prioriza el resarcimiento económico al erario federal sobre la reclusión punitiva de los imputados. Sheinbaum Pardo argumentó que la legislación mexicana vigente contempla salidas alternas al proceso penal que permiten la transferencia automática de activos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, optimizando los fondos destinados a programas de infraestructura municipal.
Como precedente técnico de esta política de recuperación de activos, el Ejecutivo citó los acuerdos reparatorios alcanzados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante la gestión de Ernestina Godoy Ramos. En dichos procedimientos, vinculados a las irregularidades de construcción en la alcaldía Benito Juárez, el Ministerio Público local aceptó la entrega física de departamentos como pago de la fianza de reparación.
La contabilidad de los bienes asegurados bajo este modelo de justicia restaurativa formará parte de los reportes trimestrales de fiscalización de la federación. El criterio emitido busca estandarizar la actuación de los Ministerios Públicos federales en carpetas que involucren desvío de recursos, evitando el almacenamiento prolongado de expedientes judiciales que no generan recuperaciones líquidas para las finanzas públicas.
Los plazos legales para que la FGR reactive el trámite de desafuero en la Cámara de Diputados se mantienen indeterminados debido a la autonomía técnica del organismo ministerial. El estatus legal de Alejandro Moreno Cárdenas continúa bajo la protección del fuero constitucional que le confiere su cargo legislativo, mientras las auditorías patrimoniales de sus propiedades en Campeche siguen integradas en la etapa de investigación inicial.
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