Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó los comentarios del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, referentes a la existencia de un presunto asesor informal o «susurrador» que frena las inversiones energéticas en el país. Durante su conferencia matutina de este miércoles 8 de julio de 2026, la mandataria federal afirmó tener conocimiento pleno del origen de los señalamientos norteamericanos y ratificó que la política del sector se rige exclusivamente por los canales institucionales de la Secretaría de Energía.
Los datos de inversión extranjera directa en el rubro eléctrico mantienen la proyección técnica de una distribución del 54 por ciento para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 46 por ciento para el capital privado. Esta fórmula matemática, detalló la jefa del Ejecutivo, constituye la base normativa del Plan Nacional de Energía y no está sujeta a modificaciones por opiniones externas o intermediarios informales.
La controversia diplomática escaló luego de que Salazar afirmara ante empresarios que una figura no identificada dentro de la estructura gubernamental bloqueaba proyectos de infraestructura limpia por montos que superan los mil 200 millones de dólares. Sheinbaum Pardo enfatizó que las ventanillas de atención para desarrolladores internacionales se encuentran unificadas bajo el control de las subsecretarías oficiales, anulando cualquier margen de gestoría paralela.
La balanza comercial de energéticos entre ambas naciones registra un flujo constante de gas natural desde Texas, el cual cubre el 68 por ciento de la demanda de generación térmica en el territorio nacional. Los modelos de planeación de la CFE contemplan la sustitución paulatina de este insumo mediante proyectos hidroeléctricos y fotovoltaicos públicos, cuya viabilidad es evaluada por comités técnicos internos.
Los lineamientos de la Ley de la Industria Eléctrica vigentes establecen que cualquier interconexión a la red nacional de transmisión debe contar con el dictamen de confiabilidad del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). La presidenta argumentó que estas disposiciones responden a criterios de seguridad nacional y estabilidad operativa, descartando motivos ideológicos o de interferencia personal en los fallos.
El paquete presupuestal asignado al sector energético para el presente ejercicio fiscal prioriza la modernización de las líneas de transmisión en las zonas norte y occidente del país. Esta infraestructura civil absorbe el 34 por ciento de los recursos de inversión pública de la CFE, con el objetivo de integrar de manera ordenada los proyectos de generación que cumplan con la normatividad técnica federal.
Al cierre de su intervención en el Palacio Nacional, la mandataria reiteró que los mecanismos de diálogo con las empresas norteamericanas se mantienen abiertos a través de las mesas bilaterales de la Secretaría de Economía. Aseguró que la certidumbre jurídica del Estado mexicano se basa en el cumplimiento de las leyes escritas y no en interpretaciones de carácter informal sobre los funcionarios de la administración.