Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó de manera categórica que su administración no contempla el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica mediante energía nuclear. La postura del Ejecutivo Federal fija la estrategia de transición energética del país en la expansión de fuentes renovables como la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica, descartando reactores adicionales al complejo de Laguna Verde.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria argumentó que la tecnología nuclear conlleva pasivos ambientales y riesgos operativos de largo plazo que no se justifican frente a los costos decrecientes de las tecnologías limpias no convencionales. La decisión política establece un techo operativo para la capacidad nucleoeléctrica nacional, la cual se mantendrá contenida en los 1,608 megavatios (MW) que actualmente aporta la planta ubicada en Alto Lucero, Veracruz.
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representa aproximadamente el 4.3% de la generación eléctrica total del país y cerca del 8.9% de la energía limpia del sistema nacional. Pese a que la Secretaría de Energía (SENER) y diversos sectores industriales habían sugerido evaluar reactores modulares pequeños (SMR), la Jefa del Ejecutivo cerró la puerta a partidas presupuestales para este fin dentro del Plan Nacional de Energía.
El plan de infraestructura eléctrica prioritario para el sexenio busca alcanzar una cuota del 45% de generación limpia para el año 2030, meta alineada con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr este incremento cuantitativo, el Gobierno Federal destinará recursos al fortalecimiento de los parques fotovoltaicos en el noroeste del país y a la modernización de las turbinas en las centrales hidroeléctricas existentes.
Uno de los factores técnicos determinantes expuestos por el Ejecutivo radica en la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad y el elevado costo de capital inicial por kilovatio instalado que exigen las plantas nucleares de tercera y cuarta generación. Los análisis de costo-beneficio de la Secretaría de Hacienda indican que los plazos de construcción de una central nuclear, que promedian entre 8 y 12 años, sobrepasan los horizontes de planeación de la presente administración.
En materia de seguridad hídrica y territorial, el Gobierno Federal enfatizó que la instalación de infraestructura nuclear requiere volúmenes masivos de agua para los sistemas de enfriamiento y estrictos protocolos sísmicos que reducen la viabilidad de predios en gran parte del territorio nacional. Por ello, la apuesta estatal se concentrará en licitaciones para almacenamiento de energía mediante baterías a gran escala y el refuerzo de la red nacional de transmisión.
Con esta resolución, la administración de Sheinbaum traza una línea de demarcación clara frente a las tendencias de reindustrialización nuclear impulsadas en otras economías emergentes. La CFE continuará administrando la operación y el mantenimiento de los dos reactores de agua en ebullición (BWR) de Laguna Verde hasta el término de sus licencias vigentes, concentrando las nuevas inversiones públicas exclusivamente en matrices renovables continuas.