Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su administración no fijará un posicionamiento definitivo respecto a las investigaciones del caso Ayotzinapa hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluya y presente su informe técnico integral. Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal enfatizó que la revisión de los expedientes acumulados a lo largo de 12 años se mantiene bajo análisis institucional.
El estado procesal del expediente contempla la revisión de más de 400 tomos de investigación integrados por la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR). La intervención de la CNDH busca auditar el grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en expedientes previos sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Las métricas oficiales del informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan que se han emitido más de 120 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, incluyendo mandamientos judiciales contra mandos militares, elementos de la policía municipal y servidores públicos del fuero federal. Sin embargo, el paradero de la mayoría de los estudiantes sigue sin determinarse mediante pruebas forenses concluyentes.
En el ámbito presupuestal, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) ha ejercido partidas para la aplicación de tecnología LIDAR y prospecciones de campo en más de 60 polígonos de búsqueda en la región de Tierra Caliente. Pese al despliegue de brigadas especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y peritos independientes, los hallazgos con identificación genética positiva se mantienen acotados a tres biotipos analizados en laboratorios internacionales.
La revisión que efectúa el organismo defensor de derechos humanos contempla el peritaje de los análisis de telefonía celular que procesaron más de 80 mil registros de llamadas emitidas y recibidas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Estos datos métricos representan el eje central para reconstruir la cadena de mando operativa que coordinó el traslado de los normalistas.
La mandataria evitó calificar el desempeño de los fiscales previos que tuvieron a su cargo el expediente, señalando que la evaluación de los sesgos procesales o fallas en la cadena de custodia de las evidencias debe basarse en las determinaciones técnicas de la CNDH. El Ejecutivo federal no fijó una fecha límite para la recepción del documento final por parte del organismo autónomo.
Con la espera de este dictamen, el Gobierno de México posterga la definición de los nuevos ejes de trabajo con los padres y representantes legales de los 43 estudiantes. Los compromisos institucionales vigentes establecen que las reuniones bilaterales en Palacio Nacional se reanudarán una vez que se cuente con la sistematización de los hallazgos técnicos aportados por el órgano garante de derechos humanos.