Por Juan Pablo Ojeda
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, rechazó públicamente los señalamientos presentados por legisladores locales sobre una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos jurídicos vinculados a su entorno personal y familiar. El mandatario calificó los informes contables difundidos por el Congreso estatal como un montaje sin sustento técnico y con intenciones electorales.
De acuerdo con el desglose del reporte presentado por la bancada de oposición en el Congreso local, los montos cuestionados ascienden a más de 200 millones de pesos. Dichos recursos habrían sido transferidos mediante contratos de prestación de servicios entre proveedores del estado y despachos contables, según las denuncias integradas en el expediente legislativo.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, García Sepúlveda argumentó que las operaciones financieras señaladas corresponden a transacciones entre entes privados que fueron auditadas y solventadas por las autoridades fiscales correspondientes en ejercicios previos. El mandatario enfatizó que no existen partidas del presupuesto estatal desviadas de su destino original.
Las métricas financieras de la Tesorería de Nuevo León indican que la ejecución presupuestal del presente año mantiene un cumplimiento del 94% en los rubros de infraestructura y gasto social. El jefe del Ejecutivo estatal sostuvo que los indicadores de transparencia posicionan a la entidad en los primeros lugares de rendición de cuentas a nivel nacional.
Respecto al proceso de fiscalización, el gobernador precisó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de la Función Pública no han emitido pliegos de observaciones definitivos que configuren una responsabilidad administrativa o penal. Las auditorías ordinarias aplicadas a la cuenta pública continúan su trámite legal dentro de los plazos fijados por la norma.
El impacto del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo local ha ralentizado la aprobación de asignaciones presupuestales complementarias para obras de movilidad en la zona metropolitana de Monterrey. Los datos de la Secretaría de Finanzas señalan que existen proyectos de infraestructura vial pendientes de dictamen legislativo por un monto superior a los 3 mil millones de pesos.
El informe oficial de la gubernatura concluye que el equipo jurídico del Estado responderá formalmente a cualquier requerimiento presentado por los órganos de control. Las autoridades del Ejecutivo mantendrán la presentación de informes financieros trimestrales ante las instancias correspondientes para verificar el uso de los fondos públicos.