Por Juan Pablo Ojeda
La dirigencia del partido Morena formalizó este martes ante la Fiscalía General de la República una de las acciones judiciales más significativas contra la oposición regional al denunciar penalmente al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La querella, que incluye a la empresaria e influencer Mariana Rodríguez Cantú, detalla una presunta red de triangulación que vincula fondos públicos estatales con las cuentas bancarias personales del mandatario y su círculo familiar.
«Esta acción busca que las autoridades federales investiguen a fondo los conflictos de interés y la promoción personalizada con recursos del erario», señalaron los representantes legales de Morena al momento de ingresar el documento oficial en la sede de la FGR. El partido gobernante a nivel federal solicita el aseguramiento preventivo de la documentación contable de los negocios privados de la familia García para evitar la alteración de los registros financieros.
El foco de la disputa radica en el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, entidad privada que de acuerdo con las investigaciones periodísticas de Grupo Reforma y El Norte funcionó como destino final de depósitos de proveedores gubernamentales. El propio Samuel García reconoció en marzo de 2024 haber recibido transacciones superiores a los 200 millones de pesos dentro de esa sociedad, defendiendo en todo momento la legalidad de sus honorarios profesionales particulares.
Los fiscales federales analizan la presunta incorporación de firmas internacionales como Trinational Express Logistics en el circuito de distribución de fondos entre agosto de 2025 y febrero de 2026. Según los datos aportados por los denunciantes, esta empresa transfirió 90 millones de pesos al despacho de García mediante procesadoras electrónicas, dinero que posteriormente habría sido utilizado para pagar pautas digitales a la agencia Nauka Comunicación Estratégica.
El bloque opositor en Nuevo León reaccionó de inmediato respaldando la postura del Ejecutivo estatal y acusando a Morena de utilizar los aparatos de procuración de justicia con fines electorales. Portavoces de Movimiento Ciudadano argumentaron que la denuncia carece de elementos técnicos y constituye una respuesta política al crecimiento del gobernador en las encuestas de opinión pública a nivel nacional.
Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú utilizó sus redes oficiales para desmentir las acusaciones que involucran a su hermano, Jorge Rodríguez Cantú, en supuestos favoritismos contractuales con el sector salud de la entidad. «Ninguna de esas acusaciones son reales», puntualizó la funcionaria local, mientras que el gobernador García calificó todo el expediente de integración como un montaje orquestado desde las oficinas centrales del oficialismo.
El caso entra ahora en una fase de validación técnica bajo la estricta conducción del Ministerio Público de la Federación, que deberá citar a declarar a los representantes legales de las empresas involucradas. Al tratarse de una investigación preliminar en curso, el sistema legal mexicano salvaguarda la presunción de inocencia de Samuel García y Mariana Rodríguez, quienes no enfrentan cargos definitivos ni restricciones a sus funciones públicas actuales.
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