Por Juan Pablo Ojeda
La administración federal mexicana inició gestiones formales para sostener un encuentro con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Embajada estadounidense, luego de que el 5 de agosto de 2026 se decretara la suspensión en la certificación de cargamentos de aguacate procedentes de Michoacán. La interrupción operó de forma inmediata tras emitirse una alerta de seguridad por presuntas amenazas a intereses estadounidenses en la zona productora.
El freno preventivo impacta de forma directa las inspecciones que realiza el personal fitosanitario del USDA en los empaques michoacanos, un requisito técnico obligatorio fijado en el Plan de Trabajo Operativo Bilateral para autorizar la liberación de fruta con destino al mercado norteamericano. La medida no constituye un embargo comercial general, pero paraliza el procesamiento de nuevos lotes de exportación originarios de la entidad.
Durante la conferencia matutina de este jueves 6 de agosto, el Ejecutivo federal confirmó conversaciones directas con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM). El objetivo central del diálogo estriba en la reasignación de elementos de la Guardia Nacional en franjas agrícolas de Michoacán donde se registraba un déficit operativo de patrullaje.
Como medida técnica complementaria, la Secretaría de Agricultura planteó la posibilidad de que inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) asuman temporalmente las tareas de verificación para evitar la interrupción del flujo comercial en caso de prolongarse la ausencia de personal estadounidense.
El comportamiento de la oferta en los puntos de venta de Estados Unidos dependerá de la disponibilidad en inventarios previos al cierre del 5 de agosto, así como de la continuidad operativa de los huertos autorizados situados en el estado de Jalisco, cuya certificación permanece activa.
Este paro técnico representa el tercer incidente de suspensión de certificaciones en los últimos cuatro años. Protocolos similares fueron activados por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2022 y en junio de 2024, tras denuncias de agresión o riesgos a la integridad de los inspectores asignados a territorio michoacano.
Las autoridades agropecuarias locales prevén que, de concretarse el acuerdo en el plazo inmediato, las repercusiones financieras permanezcan acotadas sin alterar de forma permanente los contratos de suministro internacional.