Por Juan Pablo Ojeda
«Si se quieren meter con Maru Campos, se van a meter con todo el Partido Acción Nacional y con cientos de miles de mexicanas y mexicanos», sentenció Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México. La declaración formaliza el inicio de una batalla política de pronóstico reservado entre la dirigencia opositora y el aparato federal.
El conflicto escaló tras revelarse que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua debido a investigaciones vinculadas con el denominado «Caso CIA» y operativos en la Sierra del Pinal. Romero Herrera calificó el procedimiento como una muestra flagrante de «persecución política» directa por parte de Morena, el partido oficialista.
Por su parte, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, defendió la actuación de la FGR señalando que las diligencias se realizan con estricta sujeción al debido proceso legal. El oficialismo rechaza las acusaciones de motivaciones electorales y exige que las autoridades locales respondan ante las instancias judiciales correspondientes sin escudarse en posiciones partidistas.
La dirigencia local de Chihuahua, representada por Dani Álvarez, se integró activamente al diseño de la respuesta institucional, asegurando que los detalles de las movilizaciones se mantendrán bajo estricta reserva estratégica. «Les aseguro que se van a sorprender», apuntó Romero Herrera al negarse a desvelar la logística exacta de la concentración del fin de semana.
En el Congreso, los bloques legislativos comenzaron a fracturarse en torno al tema; los diputados de Acción Nacional denuncian un «uso faccioso de las instituciones», mientras que la bancada mayoritaria de Morena insiste en la rendición de cuentas. El debate técnico se centra en determinar si el citatorio constituye un acto ordinario de investigación o una presión de carácter político.
La gobernadora Maru Campos Galván ha optado por mantener un perfil bajo en los canales oficiales de comunicación del estado, delegando la narrativa de la confrontación en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Sus asesores jurídicos sostienen de manera interna que el expediente carece de sustento penal real y que el impacto se limitará al terreno de la opinión pública.
El choque de fuerzas entre el PAN y la Federación coloca a la opinión pública en medio de narrativas opuestas sobre la legalidad y la justicia. El desenlace de la confrontación legal y el impacto de la marcha programada en Chihuahua reconfigurarán el mapa de alianzas y las estrategias de la oposición de cara a los próximos ciclos políticos del país.
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