Por Juan Pablo Ojeda
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó este jueves la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, confirmando que durante el año 2025 se registraron 157,482 ingresos a centros penitenciarios en México. Esta cifra representa un incremento del 191% en comparación con las estadísticas documentadas en 2024, consolidando la mayor tasa de encarcelamiento en la última década.
El desglose estadístico revela que el 88% de los nuevos ingresos corresponden a delitos del fuero común, mientras que el 12% restante está vinculado a ilícitos del fuero federal. Los estados de Baja California, Estado de México y Ciudad de México concentran el 42% del total de las entradas registradas durante el ejercicio anual.
La capacidad instalada del sistema penitenciario nacional, que cuenta con 285 centros en operación, se ha visto sometida a una presión inédita. El índice de sobrepoblación ha escalado 18 puntos porcentuales, alcanzando una ocupación del 94% de la infraestructura carcelaria disponible a nivel país.
Los datos del INEGI detallan que la edad promedio de la población ingresada oscila entre los 22 y 38 años. El 91% de los individuos sujetos a proceso son hombres, mientras que el sector femenino representa el 9% restante, manteniendo una tendencia constante respecto a años anteriores.
En términos de duración de los procesos, el 65% de los internos ingresados en 2025 permanece en espera de una sentencia definitiva. El promedio de espera para la resolución de la causa penal se ubica actualmente en los 14 meses, lo que incide directamente en el hacinamiento de los centros de prisión preventiva.
El gasto operativo por interno para el Estado mexicano se ajustó a 245 pesos diarios, incluyendo alimentación, seguridad y servicios básicos. La carga presupuestal total destinada al sistema penitenciario alcanzó un incremento nominal del 15% para absorber la logística de los 157 mil nuevos ingresos.
El análisis de series temporales sugiere que el incremento del 191% responde tanto a cambios en los criterios de judicialización como al aumento en las tasas de detención flagrante. La información del INEGI servirá como base para la reconfiguración de las políticas de reinserción social para el cierre del sexenio.