Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), atrajo formalmente la investigación del homicidio del periodista Francisco Javier Leyva, ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El expediente penal, abierto de origen ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), fue radicado en el fuero federal conforme al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La determinación jurídica responde a la confirmación de indicios que vinculan la agresión armada directamente con la cobertura informativa que la víctima realizaba en la zona.
De acuerdo con las actuaciones periciales integradas a la carpeta, el ataque ocurrió cuando el comunicador transitaba en su vehículo particular. Sujetos armados interceptaron la unidad y percutieron al menos ocho proyectiles de arma de fuego calibre 9 milímetros, provocándole heridas mortales de forma instantánea.
Estadísticas del Centro de Documentación de Delitos contra la Prensa ubican a Oaxaca dentro de las cinco entidades con mayor índice de agresiones fatales hacia periodistas durante el último lustro. La entidad suma 14 expedientes judicializados por violencia contra comunicadores, con una tasa de resolución mediante sentencia que no supera el 10%.
Para el procesamiento del caso, la FGR desplegó una celda especializada integrada por agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos en balística, criminalística de campo y extracción de datos digitales. Dicho personal asumió el resguardo y análisis de las evidencias físicas recabadas en el lugar de los hechos.
El protocolo de atracción de la FEADLE contempla la revisión integral de las investigaciones periodísticas publicadas por Leyva durante los últimos 12 meses. La evaluación busca identificar patrones de amenaza, actores mencionados en sus reportajes y expedientes de denuncias previas ante instancias administrativas o judiciales.
La representación social federal fijó un calendario de diligencias para los próximos 30 días, orientado a concluir las pruebas de comparativa balística e interconexión de llamadas celulares. La meta procedimental consiste en librar las órdenes de aprehensión correspondientes contra los autores materiales e intelectuales del crimen.