Por Juan Pablo Ojeda
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que las organizaciones del crimen organizado mantienen el control de amplias regiones del territorio mexicano e intervienen de manera directa en el funcionamiento del sistema judicial de la nación vecina. Las declaraciones se emitieron durante una conferencia institucional transmitida desde la sede del ejecutivo estadounidense en Washington.
De acuerdo con el posicionamiento oficial del funcionario, la influencia de los grupos delictivos sobre las estructuras de procuración e impartición de justicia en México representa un obstáculo para los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza. La evaluación se alinea con la retórica de la administración encabezada por el presidente Donald Trump sobre el combate al narcotráfico transnacional.
El informe presentado por la representación estadounidense sostiene que la capacidad operativa de las redes delictivas ha sobrepasado en diversos municipios la cobertura de las fuerzas de seguridad locales, generando zonas donde la autoridad civil registra márgenes reducidos de actuación institucional.
Asimismo, la administración estadounidense señaló que la infiltración del crimen organizado en los tribunales locales y federales compromete los procesos de extradición de objetivos prioritarios reclamados por las cortes de distrito en Estados Unidos. Este factor ha sido incluido como variable en los diagnósticos trimestrales del Departamento de Justicia.
En materia de comercio exterior y logística transfronteriza, el gobierno de los Estados Unidos indicó que la extorsión y el control territorial ejercido por las bandas delictivas generan costos adicionales de operación para el transporte de carga comercial que cruza diariamente por los puertos de entrada entre ambos países.
El pronunciamiento se da en el marco de la revisión anual de los acuerdos de cooperación en seguridad y defensa de la frontera sur estadounidense, donde el congreso de ese país analiza la asignación de recursos presupuestales para las agencias federales encargadas del control migratorio y la fiscalización aduanera.
Hasta el momento de la emisión de este reporte, las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México no han emitido un comunicado oficial de respuesta técnica a los señaamientos presentados por la administración en Washington.