Por Juan Pablo Ojeda
La dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) confirmó que este martes 26 de mayo acudirá formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú. La acción jurídica solicita la apertura de una carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, promoción personalizada y operaciones de triangulación financiera con recursos del erario público estatal.
El expediente se fundamenta en un desglose de transacciones financieras concentradas en el despacho privado «Firma Jurídica y Fiscal Abogados», propiedad del mandatario y su padre. De acuerdo con los registros documentales integrados, dicha firma recibió un flujo de 90 millones de pesos provenientes de la empresa texana Trinational Express Logistics. Los registros contables detallan que el monto global se dividió en 18 movimientos bursátiles consecutivos, cada uno por una cantidad fija de 5 millones de pesos, efectuados entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
La auditoría partidista detectó un segundo ramal de dispersión operado a través de la persona moral «Nauka Comunicación Estratégica». Esta entidad transfirió un estimado de 50 millones de pesos hacia las cuentas de la procesadora de pagos electrónicos «PayU México». La denuncia tipifica este mecanismo como una estrategia de atomización de fondos diseñada específicamente para encubrir el origen de los recursos y complejizar los rastreos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La acusación técnica incluye la fiscalización de los recursos asignados al programa «Amar a Nuevo León», dirigido por Rodríguez Cantú. El partido argumenta que la infraestructura de comunicación social del estado ha sido utilizada para posicionar la imagen de una ciudadana que carece de nombramiento formal como servidora pública. La representación jurídica de Morena documentó spots e inserciones pagadas en medios digitales donde se le atribuye la vocería y entrega de obra pública e insumos de seguridad institucional.
El documento entregado a la autoridad federal incluye un apartado sobre presuntos conflictos de interés que involucran directamente al hermano de Rodríguez Cantú. Los elementos probatorios presentados señalan la existencia de contratos asignados a empresas vinculadas con el entorno familiar directo de la presidencia del programa estatal, lo que configuraría el delito de beneficio indebido a particulares con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal vigente.
La argumentación de los denunciantes contextualiza el impacto material de estas operaciones sobre las finanzas públicas de la entidad del norte del país. El desglose presupuestal indica que las partidas bajo investigación coinciden temporalmente con la retención de participaciones económicas destinadas a diversos municipios, así como con el déficit operativo reportado en proyectos estratégicos de movilidad urbana, infraestructura hidráulica y mitigación de contingencias ambientales en la zona metropolitana de Monterrey.
El equipo legal demandante exigió formalmente que el titular del Ejecutivo del Estado solicite licencia temporal a su cargo para permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales sin obstrucciones institucionales. Por su parte, la administración estatal emitió un comunicado técnico donde el gobernador rechaza los señalamientos, sosteniendo que sus ingresos patrimoniales provienen exclusivamente de su actividad profesional privada y no registran nexos con el padrón de proveedores o contratistas del Gobierno del Estado de Nuevo León.
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