Por Juan Pablo Ojeda
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, arribó este jueves 21 de mayo de 2026 a la Ciudad de México en su primera visita oficial al territorio nacional. El despliegue de la comitiva estadounidense ocurre en un periodo de revisión técnica de los protocolos de intercambio de información y operaciones de control de estupefacientes entre ambas naciones.
Este viaje representa la primera interacción en territorio mexicano de un funcionario del gabinete de Washington durante el presente año fiscal, sucediendo al encuentro bilateral encabezado por el jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, en septiembre de 2025. El esquema de trabajo de Mullin contempla reuniones de coordinación institucional con el gabinete de seguridad federal en las instalaciones de la capital.
La agenda de trabajo se suscita tras la llamada telefónica realizada el pasado viernes entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Ejecutivo estadounidense, Donald Trump, comunicación que la administración federal mexicana catalogó como un enlace institucional cordial. El diálogo técnico directo busca procesar las recientes resoluciones emitidas por el Departamento de Justicia del país vecino.
Los indicadores de tensión se elevaron tras la publicación de una acusación formal formulada por cortes federales estadounidenses en contra de diez servidores públicos adscritos al estado de Sinaloa, entre los que se incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Los expedientes judiciales imputan cargos relacionados con la distribución internacional de fentanilo, conspiración para el narcotráfico y portación de armas de fuego de uso exclusivo.
El impacto administrativo de la indagatoria norteamericana derivó en la entrega voluntaria, ocurrida la semana pasada en la frontera norte, de dos exfuncionarios de las áreas de seguridad y finanzas del gobierno de Sinaloa. La entrega de los exservidores públicos a las agencias federales de Estados Unidos activó los protocolos de monitoreo de flujos financieros y declaraciones ministeriales bajo el sistema judicial estadounidense.
Por su parte, la Presidencia de la República Mexicana mantiene el criterio jurídico de negar la procedencia de órdenes de extradición fast-track o detenciones urgentes dirigidas a los políticos señalados en el expediente. El argumento legal de la Cancillería establece que las autoridades judiciales de Estados Unidos no han consignado las pruebas físicas idóneas requeridas por el tratado bilateral vigente para ejecutar dichos arrestos.
Asimismo, la mesa de negociación procesará las solicitudes de información referentes a los supuestos operativos de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el Pacífico mexicano, luego de que reportes periodísticos sugirieran una operación de neutralización selectiva de un mando medio del Cártel de Sinaloa en marzo pasado. La administración de Sheinbaum calificó dicha versión como un producto de ficción periodística, versión respaldada por un desmentido oficial emitido por la propia agencia estadounidense.
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